La Fiscalía española grita contra la pasividad existente ante las miles de muertes que se suceden en los tendidos eléctricos. Las comunidades no hacen nada al respecto, ya que no se dignan de expedientar a las compañías eléctricas, e incluso impiden que los casos lleguen a los juzgados.
Es el ministerio público el que señala y acusa a las comunidades de hacer la vista gorda, y buscar excusas. Son los gobiernos regionales los verdaderos culpables de esta masacre, que incluso son capaces de entorpecer las denuncias que se tramitan tras hallar los cadáveres.
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